LA ESCENA
Verano sangriento de 1919. El negro nubarrón del pistolerismo descarga plomo sobre Barcelona. El 19 de julio aparece el cadáver de Pau Sabater (a) el Tero, conocido sindicalista asesinado la madrugada del día anterior, lo que causa gran conmoción en la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Al día siguiente, la flor y nata del anarcosindicalismo catalán firma un manifiesto que denuncia, tras analizar la situación creada en la ciudad, la ilegalización de los Sindicatos y el encarcelamiento de su militancia más capaz de parar el derramamiento de sangre.
En el escrito aparecen las rúbricas de Simó Piera, Salvador Seguí, Agustí Castellá, Francesc Riera, Ángel Pestaña y David Reyes (seguramente sea David Rey, pseudónimo de Daniel Rebull). Y está dirigido al Parlamento español, por lo que es entregado para su lectura a Francesc Layret, recién elegido diputado por el Partit Republicà Català.
En la sesión del 6 de agosto, Layret explica en el Congreso magistralmente la situación social excepcional que atraviesa la ciudad y denuncia la incomprensión de lo que allí sucede por parte de los sucesivos Gobiernos de Madrid, más dados a suspender las garantías constitucionales del país, declarar el estado de guerra en Barcelona y hacer la vista gorda a las amenazas de lock-out patronal (cierre de fábricas) que a indagar en los agravios y las injusticias que sufre aquella población obrera. Al día siguiente continúa su polémica intervención con una crítica implacable al Ejército, y se dispone a leer el documento, pero el Presidente de la cámara no se lo permite alegando que el procedimiento no se ajusta a Reglamento al tener que pasar antes el filtro de la Mesa. Al fin, logra que el texto sea incluido en el Diario de Sesiones.
EL TELÓN DE FONDO
El éxito de la huelga de La Canadiense (febrero-marzo de 1919) representó un punto de inflexión para la CNT, al alza desde 1914. Al negarse la autoridad militar, el capitán general de Catalunya Joaquín Milans del Bosch, a liberar a todos los presos encarcelados con motivo del conflicto, tal y como se había acordado durante las negociaciones, y a causa también del surgimiento de otras disputas como la huelga nacional de carteros, las reivindicaciones del Sindicato Único Textil de Barcelona o la deportación de los obreros rusos y polacos en el vapor Manuel Calvo, a los tres días se convocó otra huelga general. Quizá, a juicio de algunas de las cabezas más visibles de la Organización, fuera una decisión un tanto precipitada. En cualquier caso, continuaba la conflictividad social.
Fracasada la huelga, en gran parte debido al efecto de la promulgación el 3 de abril del Real Decreto que establecía la jornada de 8 horas a partir de octubre, el recién nombrado IV Gobierno de Antonio Maura (15 de abril) no dudó en sacar al Ejército a la calle, manteniendo el estado de guerra y la represión durante cuatro meses. De nuevo se organizó el somatén (grupos parapoliciales) para abrir tiendas, aprovisionar la ciudad y detener obreros. En total unos 43.000 confederados entraron en prisión, sin distinguir entre partidarios y detractores de la violencia. La burguesía catalana, además, acababa de replicar la estructura sindical y se organizaba en la Federación Patronal, recrudeciendo la lucha de clases y sus métodos. Así comienza el llamado Terrorismo Blanco, organizado por el oscuro policía Manuel Brabo-Portillo, de regreso en la capital catalana tras el escándalo de espionaje en favor de las potencias centrales durante la Gran Guerra. Con la financiación de la patronal, formará La Banda Negra. Tras un primer intento frustrado de acabar con la vida del sindicalista del ramo de la construcción Pedro Massoni, caen asesinados el Tero, presidente de la comisión negociadora del ramo del agua, y José Castillo, antiguo miembro del Comité nacional de la CNT.
Para hacer frente a los sicarios de Brabo-Portillo, toman fuerza los grupos de acción confederales. Ojo por ojo. Como tantas otras veces, los acontecimientos pasan por encima de los principales partidarios de consolidar las mejoras conseguidas, de fortalecer unos Sindicatos debilitados tras unos años de dura brega, de actuar en plena legalidad y de engrandecer numéricamente a la Organización. Representan el ala más sindicalista de la CNT, cuya prevalencia había permitido en los meses anteriores colaborar con la UGT o participar en las Comisiones Mixtas (órganos de resolución de conflictos entre obreros y patronal con el arbitraje de las autoridades). Salvador Seguí (a) el Noi del Sucre y otros partidarios de la línea moderada piensan, más allá de consideraciones morales o filosóficas, que esa vía violenta y clandestina conduce inevitablemente a la derrota.
ALGUNAS CONSIDERACIONES
El memorial de quejas que presentamos, pese a su significación, es poco conocido. La gravedad de la situación en Barcelona movió a un grupo de militantes a emitir un comunicado en el Congreso de los Diputados, aunque la noticia no apareciera siquiera en la prensa de la época hasta más de dos semanas después; en concreto, ocupó la primera página del diario republicano madrileño El Liberal, en su edición de 22 de agosto.
Desconocemos la lista completa de firmantes y no sabemos si lo hicieron a título individual. En cualquier caso, Seguí era entonces el Secretario del Comité Regional de Cataluña, y Pestaña el director de su periódico Solidaridad Obrera. Dos líderes de opinión en toda regla.
Sí sabemos, a tenor de la lectura del texto, que se muestran contrarios a los atentados:
…por ser éstos el producto de una educación individual incompleta pero que tienen su justificación en la violencia de los de arriba. Nosotros censuramos y execramos los crímenes sociales, pero a la vez censuramos también sus causas generadoras.
Y he aquí el meollo del asunto, pues en el fondo se trataba de poner el balón sobre el tejado de los poderes del Estado, de quien en última instancia dependía convertir el anarcosindicalismo en una central que actuara a plena luz del día o bien que se pareciera más a una organización secreta incapaz de articular la lucha obrera, haciendo de la acción directa una tarea de grupo o individual en lugar de la labor colectiva propia de un sindicalismo de masas.
Otro aspecto a tener en cuenta es el de las veleidades políticas que algunos atribuyen a Seguí. Lo cierto es que el Noi del Sucre no había dudado en aliarse con socialistas y republicanos durante los conflictos de los años inmediatamente anteriores. Y mantiene entonces amistad con muchos de ellos: Lluís Companys, Marcelino Domingo, Gabriel Alomar o el propio Layret. La lista es larga. Es habitual encontrarlo en tertulias de café o en la Redacción del diario republicano La Lucha departiendo animosamente con ellos. Nada nuevo entre republicanos y anarquistas, acostumbrados a moverse en los mismos espacios. Llama la atención, por otra parte, que, de los firmantes, Piera y Castellá acabaran años después en la Esquerra; que Pestaña fundara el Partido Sindicalista; y que David Rey –o el mismo Castellá durante la guerra— se pasara al Partido Comunista y acabara en el POUM. Pero a día de hoy aún no se han hallado pruebas de que Seguí pretendiera pasarse a la política o formar un partido. Como Pestaña, era un tipo abierto a hablar con todo el mundo desde sus propias convicciones. No es difícil comprender, pues, que el documento que nos ocupa se confiara a Layret, abogado laboralista que venía defendiendo a cenetistas con frecuencia y cofundador del Ateneu Enclopèdic Popular, donde Seguí y otros habían participado activamente.
Tampoco se nos debe escapar, en definitiva, que los protagonistas de nuestro drama eran considerados elementos muy peligrosos por parte de la patronal y de las autoridades. Más peligrosos incluso que los reyes de la pistola obrera de Barcelona. No en vano Layret caerá asesinado en noviembre del año siguiente en la puerta de su casa, justo cuando se dirigía a interesarse por los sindicalistas, nacionalistas y republicanos detenidos por el Gobernador civil de Barcelona, Martínez Anido. Sin duda, sus intervenciones en el Congreso contribuyeron a ponerlo en el punto de mira. A Pestaña le tocará el turno –el tercero en su cuenta— en agosto de 1922, en Manresa, del que milagrosamente se recuperó. Y a Seguí lo matarán en marzo de 1923, creándose tal perturbación que el mismísimo Pestaña, contrario al uso del atentado personal por ineficaz, no dudará en erigirse justiciero desde el Comité nacional de la CNT.
LA EXPOSICIÓN DE LOS SINDICALISTAS AL CONGRESO[1]
Hace cuarenta y siete años que un gobierno ultra reaccionario puso fuera de la ley, caprichosamente, a la Sección Española de la Internacional Obrera. Los proscriptos de entonces preguntaron a las Cortes españolas: “¿Se puede vivir?”
Nosotros añadimos a esta simple interrogación (que es un alegato formidable al derecho a la vida de los hombres que trabajan) proferida por nuestros nobles antecesores, esta otra, que condensa la protesta honda y justa del proletariado español de nuestra época, contra las llamadas clases directoras:
“¿A qué terreno se nos quiere llevar?”
CONFLICTOS OBLIGADOS. PATRONOS Y AUTORIDADES LOS CAMBIAN EN PROBLEMAS DE ODIOS.
Hace ya algún tiempo que en la política ruinosa y aventurera en todos los órdenes realizada por los Gobiernos de la Monarquía, se pretende, como para justificar el desenfreno de los de arriba, someter al silencio a los de abajo, impidiendo así toda protesta legal de las clases laboriosas.
La situación política y social de España es en extremo alarmante. Todas las clases sociales, y muy especialmente los trabajadores, convienen en que es necesario resolver armónicamente los conflictos sociales, conflictos que tienen el carácter de “necesarios”, debido al alza exorbitante del precio de la vida. No es un secreto para nadie que el dinero rebosa en las arcas de los capitalistas españoles.
Todo el mundo sabe cuán fabulosas han sido las ganancias de los ricos y los nuevos ricos, con motivo de la guerra mundial. ¿Qué participación han tenido las clases productoras en esas ganancias? Ninguna. La carestía de las subsistencias, siempre creciente y sin freno alguno que impidiera el agio y el acaparamiento, obligó a nuestros Sindicatos a reclamar, siempre en justicia, aumentos en los salarios.
El exceso de brazos y la semiparalización impuesta por las circunstancias a ciertas industrias, nos obligó también a reclamar la reducción de la jornada de trabajo en algunos casos. Las organizaciones patronales, sin excepción, contestaron siempre a nuestras demandas, expuestas en forma razonada, con ridículas evasivas unas veces, o con un simple “non possumus” otras.
Los patronos, por regla general, mentían cuando argumentaban contra nuestras reclamaciones. Ni las estadísticas, ni los hechos probados por nosotros a favor de lo que motivara nuestras demandas, sirvieron para convencer a los que a nuestra costa se enriquecen.
Los gobernadores o los alcaldes, aunque advertidos de nuestras razones, no supieron o no quisieron evitar muchos conflictos; prefirieron, sin prever acaso las consecuencias de sus determinaciones, limitarse a poner su influencia y la fuerza de que pudieran disponer al servicio exclusivo de las clases poseedoras. Y así, lo que fue y sigue siendo un problema de justicia y de derecho, que pudo resolverse armónicamente, con la buena voluntad que jamás nos faltó a nosotros, hase trocado, por la torpeza o mala fe de las clases directoras, en un problema de odios.
LAS ORGANIZACIONES OBRERAS NO SON RESPONSABLES DE LOS CRÍMENES SOCIALES
Jamás, en ninguno de los grandes conflictos de orden social provocados en los últimos tiempos, recurrieron los hombres de gobierno a informarse en las organizaciones obreras, que son, pese a quien pese, las que mejor pueden ilustrar en todos los casos, a los Gobiernos y a la opinión del país.
El factor inmenso e insustituible del progreso, que es la organización obrera, no fue consultada, y lo que es peor: no fue tampoco respetada. El Gobierno se informó exclusivamente en las organizaciones patronales, y así fue de funesta su intervención y las consecuencias de la misma.
El encarcelamiento y las persecuciones, siempre sistemáticas e injustificadas, contra los obreros más inteligentes, dieron y dan como resultado que la resolución de los conflictos se haya de confiar a la fuerza y a la violencia, cuando debiera ser la inteligencia la suprema razón.
¡Los crímenes sociales! ¿Qué tiene que ver la organización obrera con tales hachos? Son éstos el producto de una educación individual incompleta pero que tienen su justificación en la violencia de los de arriba. Nosotros censuramos y execramos los crímenes sociales, pero a la vez censuramos también sus causas generadoras. Si el Congreso de los Diputados de España estudiase detenidamente la situación actual de las organizaciones obreras, y luego analizase el contenido del Manifiesto publicado recientemente por los patronos de la construcción de Barcelona, en el que se insulta a los trabajadores, en momentos en que éstos no pueden contestar adecuadamente “porque la autoridad los puso fuera de la ley”, el Congreso de los Diputados instaría y obligaría al Gobierno para evitar la repetición de nuevos crímenes como los perpetrados últimamente, a que levantara el estado de guerra en Barcelona y la suspensión de las garantías constitucionales en toda España.
Las represiones ejercidas contra los trabajadores, principalmente en Cataluña y Andalucía, son las que motivan el “sabotaje” en los campos y los atentados personales en los campos y ciudades. Hubiérase obligado a los propietarios de la tierra y a los plutócratas de la industria a dar, por ser justa, cumplida satisfacción a las reclamaciones de obreros y campesinos y los perjuicios que todos sufrimos serían menores. Hubiéranse resuelto en justicia las cuestiones que exponemos, y no hubiera sido necesaria la intervención de la fuerza pública en los conflictos sociales, intervención cuyos resultados son contraproducentes, porque aumentan el mal y hacen imposible la solución armónica y natural de los conflictos en cuestión.
PERSECUCIONES CONTRA LOS OBREROS ASOCIADOS. PALABRAS DE CLEMENCEAU
El estado de guerra, la censura para la Prensa, la falta de garantías a la colectividad y al individuo, las condenas contra obreros inocentes, y todo el régimen de represión seguido, sin causa justificada, contra los trabajadores organizados, no pueden de ninguna manera conducir al fin que los gobernantes se han propuesto. Pero el mayor y más funesto error de las clases directoras ha sido el de poner fuera de la ley a la organización obrera.
Desde el punto de vista de nuestras ideas políticas, la decisión del Gobierno en este aspecto nos parece excelente. Pero, ¿podrán decir otro tanto los demás elementos de la sociedad española? ¿Es que conseguirá el Gobierno con dichos procedimientos la desaparición de los organismos obreros? No. Con tal proceder sólo se conseguirá que los trabajadores se organicen clandestinamente, lo que en proporción más o menos intensa nadie podrá evitar, y así, fuera de la ley, el trabajador se defenderá en la sombra, porque no podrá hacerlo de otro modo, y los resultados de un período continuo de clandestinidad, ¿quién puede preverlos?
Cuantos anhelen resoluciones justas para las cuestiones que plantea con carácter inaplazable el avance espiritual y las necesidades materiales del proletariado, deben reconocer a éste su personalidad legal y discutir con la organización obrera, si en algo se estima la tranquilidad y el bienestar de la sociedad toda.
La evolución natural de las nuevas normas del derecho, sin trabas ni violencias, permitirá que las masas populares se capaciten intelectual y moralmente, para realizar la transmisión económica y la expropiación del capitalismo, sin apelar a la revolución violenta, que sólo la ignorancia de los humildes o la maldad de los poderosos pueden hacer violenta, sanguinaria y caótica.
No hace muchos días que el presidente del Gobierno francés, M. Clemenceau, decía a los representantes de la Confederación General del Trabajo: “Se hace necesario que capaciten y preparen ustedes a sus organizaciones para dirigir el mundo nuevo, porque el capitalismo y la burguesía han demostrado su incapacidad para ello.” Si es incapaz la burguesía francesa, entre la que descuellan técnicos eminentes y hombres de inteligencia privilegiada, para regir la nueva organización social, ¿qué cabe decir de la burguesía española, inculta, incivil e ignorante a veces de la misma especialidad industrial que la enriquece? Y, sin embargo, los gobernantes de España, no sólo complacen a los capitalistas, sino que padecen el error de creer que los trabajadores organizados no somos nadie en la vía del progreso, poniéndonos fuera de la ley.
PELIGROS QUE PUEDEN SOBREVENIR DE LA INJUSTICIA
Y ya en este terreno, preguntamos de nuevo: ¿A qué terreno se nos quiere llevar?
Esto es lo que deseamos saber concretamente. Pero sépase que si se nos pone fuera de la ley a nosotros y a nuestras organizaciones, no seremos causantes ni responsables de cuanto pueda ocurrir.
¿Podrá decirse, consumado el atentado constitucional contra los organismos obreros, que la cuestión social quede resuelta? ¿Cesará con ello el “sabotaje” y el atentado personal, a pesar de los castigos que puedan imponerse a las personas materialmente responsables de estos hechos?
¿Qué ganarán la economía nacional, los privilegios de la burguesía y el principio de autoridad cuando se niegue el derecho de defensa legal a la mitad de los habitantes de España?
¿Y qué podrá resultar del empleo constante de la fuerza contra una clase consciente de sus derechos y deberes y enemiga de toda violencia?
Conste que en esta exposición no hay una sola amenaza; pero comprendemos que, sin nosotros y contra nosotros, las masas populares que no necesitan más estimulante que el hambre o la falta de libertad para rebelarse, cometerán en un momento dado los mayores excesos. ¿Quién perderá el pleito en este caso? Todos; pero sobre todo el que más tenga que perder. Dése satisfacción en el orden político y económico a las clases trabajadoras, y la anhelada paz social devendrá posible. Mas pensamos doloridos que los Gobiernos de España no saben, no quieren, no pueden aunque quisieran, colmar las aspiraciones del pueblo que sufre y trabaja.
INVOCACIÓN A LOS HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD. CAUSAS DE LA ANORMALIDAD EN BARCELONA
A los amantes de la luz, a los hombres progresivos, a los justos, a los buenos, a los sabios y a todos los de buena voluntad compete evitar el negro porvenir que en España se vislumbra.
Si en todo el mundo civilizado se abren anchos cauces por los que se canalizan las nuevas concepciones de la humana justicia, prontas a plasmar en verdaderos Estados también de justicia universal, no es de pensar que España oponga un dique que contenga la arrolladora corriente mundial.
Por parte de los trabajadores no se construirá ese dique. Hagan otro tanto los que tienen el deber y la obligación de hacerlo. Si el Congreso considera que vale la pena discutir sobre lo por nosotros expuesto, que discuta; si nos considera seres inferiores, que lo deje; pero en uno y otro caso, si tienen los señores diputados la fe que a nosotros nos falta en la eficacia de la misión encomendada al Parlamento, que obliguen al Poder público a rectificar los tremendos errores cuyos peligros señalamos.
Si se requiere una información pública, demostraremos que la anormalidad constitucional decretada contra la organización obrera por gobernantes ineptos, no es la consecuencia de la agitación social que atraviesa el país, sino que, por el contrario, la acción violenta y revolucionaria de las masas obreras y de los partidos políticos en España, es la lamentable consecuencia de los atentados constitucionales y de los regímenes de excepción decretados contra el avance natural del progreso y de los tiempos. La suprema razón de lo que dejamos expuesto se puede condensar en una sola palabra: “Barcelona”; es innegable que la violencia engendra la violencia. Estúdiense los resultados obtenidos por la política excepcional que sigue el Gobierno en nuestra ciudad, y se verá que nunca, como durante el estado de guerra, la suspensión de garantías y las persecuciones contra obreros, hubo tantos y tan graves conflictos de orden social, ni tantos atentados a la vida de los hombres, ni tanta intranquilidad en los espíritus.
¿Quiénes son los responsables de cuanto ocurre en España?
Tienen la palabra los representantes del país; nosotros hemos terminado.
En Barcelona, a 20 de Julio de 1919.
Simón Piera, Salvador Seguí, Agustín Castellá, Ángel Pestaña, David Reyes.
FUENTES
Ángel Pestaña (1934), Lo que aprendí en la vida. Madrid: M. Aguilar-Editor.
Diario de sesiones del Congreso de los Diputados. Serie histórica. Legislatura 1919- 1920, 6 y 7 de agosto de 1919, núms. 25 y 26. Disponible en http:// http://www.congreso.es/ est_sesiones/ (consulta 25-1-2019).
Eduardo Pérez: “Contigo empezó todo. Balas contra el terrorismo blanco: el último viaje de Bravo Portillo”, en diario El Salto. Disponible en https://www.elsaltodiario.com/contigo-empezo-todo/balas-contra-el-terrorismo-blanco-el-ultimo-viaje-de-bravo-portillo (consulta 27-1-2019).
Juan García Oliver (1978), El eco de los pasos. París: Ruedo Ibérico.
Juan Gómez Casas (2006), Historia del anarcosindicalismo español: epílogo hasta nuestros días. Madrid: LaMalatesta Editorial.
Hemeroteca digital BNE, diario El Liberal, 22-8-1919, Madrid, p. 1.
Paco Ignacio Taibo II: “La huelga general de 1919”, en Historia de Iberia Vieja. Disponible en http://www.historiadeiberiavieja.com/secciones/historia-contemporanea/huelga-general-1919 (consulta 25-1-2019).
[1] Respetamos la división por partes que publicó El Liberal por hacer la lectura más clara y amena
PARTIDO SINDICALISTA 